viernes, 28 de septiembre de 2012

La transición de un régimen autoritario a un régimen constitucional



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Aunque se podría mantener que el proceso de transición comienza en puridad el día 20 de noviembre de 1975, fecha de la muerte del general Franco, la gestación de este período comienza, sin duda alguna, años antes.


- La creación del esquema continuista


Es fundamentalmente a partir de la promulgación de la última de las Leyes Fundamentales del franquismo, esto es, la Ley Orgánica del Estado de enero de 1967, cuando el problema de la sucesión del general Franco y del continuismo del sistema autoritario fundado por este, comienza a ser planteado seriamente por la clase dirigente del sistema franquista. Así, ante las presiones de este sector, el general Franco tomará dos decisiones importantes con miras a alcanzar tal objetivo y, según su propia terminología, a "dejar todo atado y bien atado". Una y otra medida son fundamentales para entender el desarrollo posterior de una evolución que desembocará en la aprobación de la Constitución de 1978.

La primera de ellas fue la de nombrar, el día 22 de julio de 1969, a Juan Carlos de Borbón su sucesor, que se convertiría en Rey cuando se cumpliesen las llamadas "previsiones sucesorias", establecidas en la Ley de Sucesión de 1947 y ratificadas posteriormente por la Transitoria 1º de la Ley Orgánica del Estado. Semejante medida, dirigida a aclarar la persona que debería suceder al general Franco en la Jefatura del Estado, se completa años después en junio de 1973, con la designación del almitante Carrero Blanco como presidente del Gobierno, cargo que hasta entonces había asumido el propio general Franco. Tal disposición, venía a consagrar de iure, algo que ya existía de facto, y se orientaba a asegurar, a través del más puro depositario de las esencias del franquismo, el continuismo del sistema.

De esta manera, pues, el régimen trataba de asegurarse la supervivencia tras la desaparición de su fundador. Sin embargo, este esquema continuista no sería posible en la práctica. La aparición de nuevos datos, uno de ellos decisivo, en vida del anterior jefe del Estado, haría inservible el intento de supervivencia del régimen.

- La inutilidad del esquema continuista


En efecto, el asesinato en diciembre de 1973, del almirante Carrero Blanco supuso el principio del fin del continuismo, puesto que la pieza básica en que debía apoyarse desaparecía irreparablemente, sin que fuera posible encontrar, como se demostraría después, un sustituto idóneo.

Si negar que este dato fue decisivo, cabe afirmar que no era el más importante entre los que se oponían a la subsistencia del régimen franquista. Por encima de todo, el esquema esbozado por el general Franco y sus seguidores resultaba ya ineficaz debido al cambio radical que se había operado en la sociedad española. Las instituciones del franquismo respondían en su origen a unos peculiares condicionamientos: se basaban en un régimen de vencedores que se impuso a los vencidos tras la guerra civil; descansaban en una estructura social tradicional de base fundamentalmente agraria; contaban con el apoyo incondicional de otras instituciones clave como la Iglesia, y, por último, se hallaban ubicadas en el contexto de un sistema económico de signo autárquico sin vinculación con el mundo internacional.

Tal modelo quebró paradójicamente , en parte, a causa del propio sistema, como consecuencia de la "ruptura económica" de tipo liberalizador que el Gobierno del general Franco se vio obligado a adoptar en 1959 a fin de subsistir. Las consecuencias de esa nueva política económica son suficientemente conocidas: la renta per cápita de 1959 prácticamente se duplica en términos reales en 1975; al mismo tiempo, la producción industrial alcanza una elevada tasa de crecimiento que convierte a España en la "décima potencia industrial del mundo". Parece claro que este sorprendente cambio de la estructura económica se debió más que a un sistema autoritario de gobierno, al contagio del enorme desarrollo económico que conocieron en los años sesenta los países europeos occidentales y que benefició así al régimen franquista, tras la llegada al poder de los llamados tecnócratas.

Pero la transformación económica no podía hacerse en el vacío, bien al contrario. Más pronto o más tarde suponía también una transformación profunda, en todos los aspectos, de la sociedad. Así, se modifica sustancialmente la estructura de la población activa, pasando a ser casi semejante, en la proporción de sus sectores, a la existente en los países europeos occidentales; aumenta el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad; se reduce la tasa de analfabetismo y se incrementa la de escolarización en todos sus niveles; crece el consumo en proporciones sorprendentes; y, en definitiva, cambia la estratificación social, apareciendo una clase media cada vez más amplia, junto con una extensa clase obrera.

A la parte, y como consecuencia lógica, el cambio afecta también a las costumbres e ideas de los españoles. Se consolida así un proceso de secularización de la sociedad que repercute en el comportamiento religioso; se modifica la moral sexual tradicional; se lleva a cabo paulatinamente una concienciación política de todos los sectores de la sociedad y, por último, resurgen de forma virulenta las viejas reivindicaciones regionalistas. La sociedad española, integrada en su inmensa mayoría por nuevas generaciones que no conocieron la guerra civil, exige modos de vida occidental, rechazando los tradicionales en que descansaba el franquismo.

De esta manera, cada vez era más evidente el desfase entre el nuevo modelo económico y el caduco sistema político. El período franquista había permitido, o no había podido impedir, la modernización de la sociedad española. El régimen comenzaba a ser desbordado por los problemas sociales que había engendrado su propia política económica. Por lo demás, semejante desfase no sólo era denunciado en el seno de la sociedad española, sino que igualmente era criticado, de manera más o menos sincera, en el ámbito exterior. Por una parte, los países europeos exponían claramente que España no podría integrarse en las organizaciones comunitarias sin aceptar previamente el cambio democrático de sus instituciones. Por otra, fue también decisiva la transformación radical que la Iglesia católica conoció como consecuencia del Concilio Vaticano II y que originó, después de años de mutua complicidad, el nacimiento de una cierta tirantez entre el Vaticano y el régimen franquista. Comenzaba así el deshielo del nacional-catolicismo en tanto que basamento ideológico del régimen de Franco. Y, en este orden de cosas, tampoco se debe olvidar el impacto que produjo en la clase política española la conversión de las dictaduras de Grecia y, sobre todo, de Portugal, en democracias de tipo occidental, quedando el régimen español como único país de Europa occidental con estructuras autoritarias.

Pues bien, todos estos datos, que como se ha señalado, fueron haciéndose visibles en la década de los sesenta y primeros años de los setenta, irrumpieron con mayor virulencia en razón, primero, de la muerte del almirante Carrero Blanco y, sobre todo, inmediatamente después, durante la primera enfermedad del general Franco, en julio de 1974. La crisis no afectaba sólo a este, sino que paralelamente era el propio sistema quien también daba señales de arteriosclerosis. Los sueños del continuismo eran cada vez más imposibles y ya no era solo Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista Español en el exilio, quien se preguntaba ¿después de Franco, qué?

- La respuesta del sistema


La desaparición del almirante Carrero Blanco iba a suponer una clara definición del general Franco en cuanto a su elección de la persona que debía suceder a aquel en la Presidencia del Gobierno. Paradójicamente el jefe del Estado se decidió, ante la terna formada por José Solís Ruiz, José García Hernández y Carlos Arias Navarro, que le presentó el Consejo del Reino, por este último, que era precisamente el ministro de Gobernación en el Gobierno que presidía Carrero y, por tanto, el responsable del orden público en el momento de la muerte de este.

El malestar de la clase política del sistema ante la presentidamente cercana desaparición del general Franco, así como la acuciante necesidad de encontrar una vía que encauzara las cada vez mayores reivindicaciones de la sociedad española, iban a presidir la actuación del Gobierno Arias. Así, ante las presiones crecientes de la prensa y de los sectores moderados del sistema, el presidente Arias Navarro, en su discurso del 12 de febrero de 1974, pareció optar por la vía reformista-legalista. Tal intento consistía en tratar de aplicar, e interpretar, la legislación fundamental del franquismo en un sentido aperturista, es decir, lo más progresivo posible, a fin de evitar el colapso de las instituciones autoritarias en el momento de la desaparición del general Franco.

Sin embargo, semejante tentativa era claro que estaba abocada, tanto si se aplicaba como si no, a un claro fracaso. En efecto, la propia dialéctica del método aperturista, como exponía un estudio de la época, suponía a la larga la aparición de tales contradicciones dentro de un sistema político antidemocrático por excelencia, que no haría sino acelerar la llegada, por una u otra vía, de un proceso constituyente integralmente democrático o la reaparición de otra dictadura sin futuro, en el peor de los casos.

Afortunadamente para la democracia española, el intento aperturista comenzó en vida del general Franco, lo cual supuso quemar etapas en la llegada del rechazo del mismo, para poder así abandonarlo rápidamente con la llegada de la Monarquía. En dicho intento las medidas que se tomaron, de corto alcance oportunista y tímidamente democráticas, se mostraron absolutamente estériles. Una Ley de Régimen Local que no llegó a aplicarse; un Estatuto de asociacionismo político que ni siquiera fue aceptado por las fuerzas moderadas del régimen a causa de su insuficiencia; una Ley de Incompatibilidades parlamentarias que no podía ser mínimamente aplicada en una Cámara en que todo era compatible; y, por último, una reforma de la Ley Sindical que ni siquiera llegó a plasmarse en proyecto legislativo, fueron las medidas que el Gobierno Arias quería poner en práctica ante la enemiga del propio general Franco y de los elementos más reaccionarios del régimen, denominado popularmente como el "Bunker".

Es más: la inoperancia de estas tímidas medidas reformistas se vio acompañada paradójicamente por un proceso de endurecimiento del régimen en todos los órdenes, proceso que culminaría con la aplicación de la sentencia de muerte a cinco miembros de la oposición en septiembre de 1975. Consecuencia inmediata fue la repulsa general del régimen del ámbito internacional, así como la respuesta de una oposición que cada vez se encontraba más organizada y unida. De esta manera, la clase dominante iba a comenzar la búsqueda de una estrategia más adecuada para poder seguir manteniendo su situación de privilegio, aun a costa de hacer cierta concesiones.

La oposiciones al régimen franquista, que había actuado fragmentariamente, y sin demasiado éxito, durante los años de la vigencia de este, había conocido ya un rebrote de efervescencia en el verano de 1974, tras el primer toque de atención que supuso la enfermedad de Franco en julio de ese año. El día 29 de este mes se creó formalmente en París la Junta Democrática de España, integrada por el Partido Comunista de España, el Partido del Trabajo, el Partido Socialista Popular, la Federación de Independientes Demócratas, Alianza Socialista de Andalucía, Comisiones Obreras y otras organizaciones de base, junto con personalidades independientes. La Junta elaboró un programa de 12 puntos que constituía la esencia de lo que después sería conocido como la "ruptura democrática".

El hecho de que otros partidos y grupos importantes de la oposición no se hubieran integrado en tal organismo, originó la creación, en junio de 1975, de otro distinto llamado Plataforma de Convergencia Democrática, en donde se integraron el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Democrática, USDE, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Movimiento Comunista y el Partido Carlista.

Una y otra organización fueron cobrando conciencia de la necesidad de conseguir un organismo unitario en el que se integrasen ambas, llegándose así a un primer acuerdo días antes del fallecimiento del general Franco.

- La muerte del general Franco


El 20 de noviembre de 1975 se produce, pues, la muerte del general Franco, llevándose a cabo, de acuerdo con las provisiones sucesorias de las Leyes Fundamentales, la restauración de la Monarquía en España. Pocos días después, ante la calma general en el país, se nombró el primer Gobierno de la Monarquía, presidido también por Carlos Arias Navarro y en el que entraron personalidades que venían imbuidas de una aureola reformista, tales como Fraga Iribarne, Areilza y Garrigues Díaz-Cañabate. Sin embargo, la continuación de ese tipo de estrategia volvería a fracasar, por causas diversas, como veremos enseguida.

Primeramente, en razón de la propia esterilidad del aperturismo y de la esclerosis de un sistema, ya demostrada en la corta etapa anterior del primer Gobierno Arias, que se enfrentaba con una grave crisis económica, reflejo tardío de la mundial, así como con un grave deterioro del orden público y con el crecimiento del terrorismo, especialmente en el País Vasco.

En segundo lugar, la consolidación de la oposición, apoyada cada vez más por grandes sectores de la sociedad española, junto con la presión de medios internacionales, exigían la inmediata creación de un proceso constituyente que pusiera en práctica una "ruptura democrática".

Así las cosas, el término de este peligroso período continuista llegaría paradójicamente impuesto por el Rey, pieza angular del sistema ideado por Franco para sustituirle, en julio de 1976. Aunque es difícil especular sobre las motivaciones que llevaron al monarca a sustituir a Arias por Adolfo Suárez, gestor del proceso democrático futuro, es probable afirmar que se decidió a actuar fundamentalmente por razones de "Realpolitik". En efecto, tal y como se presentaba la situación, el dato básico era el siguiente: la sociedad española exigía un cambio radical en la política y en las instituciones del Gobierno. Por consiguiente, la alternativa era la ruptura democrática promovida por la oposición o la ruptura controlada desde el Gobierno y patrocinada por la Corona. La mera continuación del aperturismo, como hemos explicado, no conduciría a la larga sino a una ruptura que podría incluso arrastrar a la propia Monarquía. Por consiguiente, el Rey decidió optar, a través de su nuevo presidente del Gobierno, nombramiento poco entendido en su momento, por la ruptura controlada o encubierta y, a partir de ese momento, las etapas de la transición fueron franqueándose más o menos rápidamente, de acuerdo con la estrategia planteada.

- La Ley para la Reforma Política


Estrategia, por otro lado, que exigía el respeto a la legalidad vigente, a fin de evitar una ruptura constituyente que no hubiese sido aceptada entonces por los restos del franquismo en el poder y que habría sido contraria a los deseos del ejército. La legalidad del procedimiento a seguir venía impuesta por la aceptación de Juan Carlos de Borbón, en julio de 1969, del título de "sucesor a la Jefatura del Estado que le llevaría en noviembre de 1975, después de la muerte del general Franco, a jurar fidelidad a las Leyes Fundamentales y a los Principios del Movimiento Nacional. No seguir tal procedimiento, para lograr la ruptura con el régimen anterior, hubiese significado un evidente golpe de Estado de la Corona de incalculables consecuencias.

----------

Fuente:
El Régimen Constitucional Español, Jorge de Esteban y Luis López Guerra.