lunes, 12 de marzo de 2012

La función financiera de las Cortes Generales: la potestad tributaria y presupuestaria

El artículo 66.2 establece que las Cortes Generales aprueban los presupuestos, por tanto, las Cortes Generales que representan al pueblo ejercen la función financiera, que supone decidir sobre las finanzas del Estado, aprobando de manera anual, mediante ley de presupuestos las cuentas del Estado [estas son las cuentas que establecen la estructura de los ingresos (la estimación de los ingresos que provengan de los tributos y de otras fuentes) y la autorización de los gastos del estado en que se pueden emplear esos ingresos].

Funcion presupuestaria de las Cortes Generales

- La función financiera de las Cortes Generales, vinculada a la función legislativa


Esta función financiera de las Cortes generales se encuentra vinculada a la función legislativa porque los presupuestos son aprobados por ley, porque existe un principio de legalidad financiera que establece que la potestad tributaria y presupuestaria sea aprobada y ejercida por ley y también la función financiera se encuentra vinculada a la función de control porque la aprobación de ingresos y de gastos es sobretodo un instrumento de control parlamentario sobre el Gobierno y sobre la Administración.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

La función legislativa y su procedimiento

El artículo 66.2 de la Constitución establece que le corresponde a las Cortes Generales el ejercicio de la potestad legislativa del Estado.

Rey y Presidente del Gobierno firma ley

- Un órgano representante del pueblo español expresa la voluntad del pueblo mediante normas reflejo de la voluntad general


Es razonable que un órgano que representa al pueblo español (artículo 66.1) exprese la voluntad del pueblo a través de normas que son reflejo de la voluntad general. En el desarrollo de la función legislativa se ha producido un progresivo redimensionamiento de la posición del gobierno sobre el parlamento, sobre todo en virtud de la dificultad técnica que supone la actividad legislativa.

- ¿A qué hace referencia la función legislativa?


La función legislativa hace referencia a la capacidad para elaborar y aprobar las leyes y se encuentra desarrollada en el capítulo segundo del título tercero de la Constitución que se denomina de la elaboración de las leyes. El primer elemento a estudiar es el que hace referencia a la iniciativa legislativa. Es la capacidad o facultad de promover que las cámaras lleven a cabo la elaboración de una ley. Es una fase preliminar y no pertenece en si misma al procedimiento legislativo.

- Sujetos titulares de la iniciativa legislativa


Hay cinco titulares establecidos en el artículo 87 de la Constitución de 1978.

+ Gobierno: proyectos de ley


El primer titular es el Gobierno, los textos que el Gobierno presenta en el ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa se llaman proyectos de ley, que deben ser aprobados por el Consejo de ministros. Con anterioridad a la aprobación del proyecto de ley por el consejo de ministros el texto debatido previamente entre el Gobierno y los distintos ministerios se llama anteproyecto de ley, que es también informado por el Consejo de estado.

El Consejo de ministros como señala el artículo 68 debe remitir al Congreso de los diputados no solo el proyecto de ley sino también una exposición de motivos y los antecedentes necesarios para que las cámaras puedan pronunciarse. El artículo 89.1 establece que los proyectos de ley tienen preferencia en la tramitación parlamentaria, además no existen sobre los proyectos de ley a diferencia del resto de iniciativas legislativas un trámite de toma en consideración del proyecto de ley que permitiera a las cámaras rechazar la discusión sobre el mismo. Si existe ya dentro del trámite legislativo del proyecto de ley la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad en relación con la mayor o menor oportunidad del proyecto de ley.

La mayoría de las leyes aprobadas por las cámaras tienen su origen en proyectos de ley del Gobierno, al que le corresponde el ejercicio de la dirección política porque el gobierno tiene el respaldo del grupo parlamentario mayoritario que le permite llevar adelante su agenda legislativa.

+ Congreso de los Diputados y Senado: proposiciones de ley


Otro titular de la iniciativa legislativa es el Congreso de los diputados y el Senado, cuyas iniciativas tienen el nombre de proposiciones de ley. La iniciativa legislativa le corresponde a las cámaras en su conjunto, al Congreso y al Senado, no a sus miembros ni a los grupos parlamentarios.

Existen dos trámites previos.

El primero es que la proposición de ley sea presentada por alguien, el reglamento del congreso exige que la proposición de ley la presenten al menos 15 diputados o un grupo parlamentario, el reglamento del senado exige 25 senadores o un grupo parlamentario.

En segundo lugar existe un trámite denominado toma en consideración que permite al pleno de las cámaras valorar o no la tramitación legislativa de la proposición. Solo cuando se ha superado esta toma en consideración se puede decir que la cámara ha ejercido su iniciativa legislativa. Como el procedimiento legislativo comienza en el congreso de los diputados, las proposiciones de ley que tomen en consideración el senado se remiten al congreso para su tramitación (artículo 89.2).

+ Asambleas de la Comunidad Autónoma


Otro titular de la iniciativa legislativa son las asambleas de la Comunidad Autónoma. El artículo 87.2 de la Constitución establece que las asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley, se trata de una propuesta no vinculante, que en caso afirmativo terminaría con que el Gobierno remitiera a las cámaras un proyecto de ley. En este caso la iniciativa legislativa no sería de las comunidades autónomas sino del Gobierno. Además las asambleas de las Comunidades Autónomas pueden remitir a la mesa del Congreso, una proposición de ley que tendrá que ser tomada en consideración por el Congreso de los Diputados, en ese caso la iniciativa legislativa la estaría ejerciendo el congreso de los diputados. En este último supuesto la Constitución prevé que la asamblea de la Comunidad Autónoma delegue en tres parlamentarios autonómicos la defensa del texto remitido para su toma en consideración.

+ Pueblo: iniciativa legislativa popular


El quinto titular de la facultad de iniciativa legislativa es el pueblo directamente a través de la llamada iniciativa legislativa popular. El artículo 87.3 remite a una ley orgánica la regulación del ejercicio y los requisitos de la iniciativa popular y esta ley orgánica es la 3/1984 sobre iniciativa popular que se ha visto modificada en el año 2006. No obstante la Constitución establece dos exigencias, una de carácter material y otra de carácter formal en relación con la iniciativa popular.

La exigencia material es que la iniciativa popular no puede aplicarse a algunas materias como las que deben ser aprobadas por ley orgánica, las materia tributarias, las de carácter internacional y las relativas a la prerrogativa de gracia, además, la ley orgánica excluye otras materias de la iniciativa legislativa como son aquellas materias cuya iniciativa esta reservada al gobierno, como es el caso del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.

La segunda exigencia formal que establece la constitución en consideración a la iniciativa popular es que esta iniciativa debe estar respaldada por no menos de 500000 firmas acreditadas.

. Procedimiento seguido para presentar una iniciativa popular:

En primer lugar la iniciativa debe ser impulsada por una comisión promotora que presenta un texto articulado a la mesa del congreso para su admisibilidad o no. El texto debe ser admitido a trámite salvo que incumpla requisitos formales. La inadmisión del texto por la mesa del Congreso es recurrible a través de un recurso de amparo directo ante el tribunal constitucional. Admitido a trámite por la mesa del congreso la comisión promotora dispone de un plazo de 9 meses prorrogables por tres meses más para proceder a obtener las 500000 firmas. Obtenidas éstas, se produce un trámite de toma en consideración por el congreso de los diputados.

El procedimiento legislativo se encuentra regulado en la Constitución en los reglamentos de las cámaras, ésto último es consecuencia de la autonomía parlamentaria.

La tramitación legislativa comienza en el Congreso de los diputados y sigue básicamente tres fases.

Hay una fase que se produce en el pleno del Congreso y donde se produce el debate de las enmiendas a la totalidad y donde el texto legislativo puede ser rechazado o puede ser sustituido por otro texto completo alternativo. Estas enmiendas a la totalidad son presentadas por los grupos parlamentarios.

La siguiente fase es la fase de comisión, donde el proyecto legislativo, el texto o la proposición es objeto de examen en la comisión legislativa correspondiente, para ello se designa una ponencia (conjunto de miembros de la comisión), que va a elaborar un informe sobre el texto y sobre las enmiendas. Finalmente la comisión lleva a cabo una votación sobre el texto resultante llamado dictamen que es lo que se remite al pleno.

La última fase es una fase de pleno, donde el dictamen de la comisión y las enmiendas al mismo que no han sido aceptadas son discutidas, defendidas y votadas por el pleno de la cámara.

Una vez aprobado el proyecto de ley o la proposición de ley en el Congreso se remite al Senado, que dispone de un plazo de dos meses para su tramitación salvo los textos declarados urgentes donde el plazo de abrevia a 20 días.

El Senado puede hacer tres cosas: el Senado puede mostrar su conformidad con el texto aprobado y remitido por el Congreso y en este caso el texto queda finalmente aprobado, el Senado puede aprobar enmiendas al texto emitido por el Congreso y en ese caso el Congreso tendrá que aceptar o rechazar las enmiendas por mayoría simple. Las enmiendas también las aprueba el Senado por mayoría simple. En tercer lugar el Senado puede interponer un veto al texto legislativo remitido por el congreso. El veto del senado debe ser aprobado por la mayoría absoluta del pleno del Senado.

En el caso de que exista este veto del Senado el Congreso de los diputados puede hacer dos cosas: puede superar el veto del Senado mediante mayoría absoluta del Congreso o puede esperar el plazo de dos meses y superar el veto del Senado por mayoría simple. Se evidencia así en estos dos casos que el Senado no solo es una cámara de representación territorial sino que es una cámara que posibilita la doble reflexión o la doble lectura de los proyectos o proposiciones aprobados por el congreso. Esto se encuentra expuesto y regulado en el artículo 90 de la Constitución. La tramitación en el Senado es también una tramitación tanto en pleno como en comisión.

- Procedimientos legislativos especiales


Hay dos tipos de procedimientos legislativos especiales.

+ Procedimiento legislativo especial asociado a una materia o tipo de normas


El primero son aquellos asociados a una materia o a un tipo de normas. Éstos también se encuentran descritos en el capítulo segundo del título tercero denominado de la elaboración de las leyes, son el relativo a las leyes orgánicas, artículo 81, los relativos a los decretos legislativos, artículos 82 al 85, los relativos a la aprobación de decretos leyes, que están regulado en el artículo 86, los proyectos de reforma constitucional y de aprobación de estatuto de autonomía. También formaría parte de este procedimiento legislativo la aprobación de los tratados internacionales y de los presupuestos. Hay otros procedimientos legislativos especiales que no están asociados a ningún tipo de normas ni ninguna materia y son tres: el primero de ellos es la tramitación completa incluida la aprobación de la ley en comisión.

La Constitución prevé que los plenos de las cámaras puedan delegar en comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. En la actualidad está vigente una presunción de delegación genérica, que significa que las comisiones aprueban leyes sin una delegación expresa. No obstante el pleno de las cámaras podrá recabar en cualquier momento el debate y votación del proyecto o proposición de ley que ha sido objeto de delegación. Quedan excluidas de la aprobación por las comisiones legislativas algunas materias previstas en el artículo 75.3, la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del estado.

+ Procedimiento legislativo especial de lectura única en pleno


El segundo procedimiento legislativo especial es el procedimiento de lectura única en pleno, que significa que el proyecto o la proposición no va a pasar por comisión. Existen una única lectura del texto por el pleno de la cámara que lleva a cabo el debate y la votación del mismo. Ésta lectura única en pleno se utiliza cuando lo decide el pleno a propuesta de la mesa y se emplea para materias donde no hay controversia política y de gran sencillez al ser textos de pocos artículos. Este procedimiento está previsto en los reglamentos de las cámaras pero no en la Constitución. Por último estaría el procedimiento de urgencia que consiste en reducir a la mitad los plazos de tramitación del texto legislativo tanto en pleno como en comisión y acorta el plazo de debate en el senado para enmiendas o para veto desde los dos meses iniciales a 20 días.

La última fase del procedimiento legislativo es la sanción, promulgación y publicación de las leyes. El artículo 91 de la Constitución establece que corresponde al rey sancionar en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las cortes generales, promulgarlas y ordenar su inmediata publicación.

- Función del rey de sancionar y promulgar las leyes


También señalar el artículo 62.a que corresponde al rey la sanción y la promulgación de las leyes. Estos dos actos del rey, la sanción y la promulgación de las leyes tienen que estar refrendados ex artículo 64 de la Constitución. La sanción es un acto por el cual el rey perfecciona el texto de la ley y el procedimiento legislativo. Ésta sanción real de las leyes es una reminiscencia de la etapa de la monarquía constitucional donde la soberanía se encontraba compartida entre el monarca y la nación representada en el parlamento por lo que la aprobación de las leyes por las cámaras requería contar con la aprobación del rey. En la actualidad la sanción del rey es un acto debido donde el rey carece de discrecionalidad. El rey debe sancionar en el plazo de 15 días.

La promulgación es un acto a través del cual se comprueba que la ley aprobada por el parlamento cumple todas las exigencia constitucionales. El rey únicamente se podrá negar a promulgar aquéllas leyes que hallan sido aprobadas con vicios manifiestos de procedimiento. La promulgación también implica como contenido un mandato para que la ley se cumpla y sea obedecida y también lleva aparejada la orden de publicación.

Por último estaría la publicación de las leyes que es consecuencia del principio constitucional de publicidad de las normas establecido en el artículo 9.3 que es también consecuencia del principio de seguridad jurídica y de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

- Publicación de las normas en el Boletín Oficial del Estado o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas


Las normas se publican en el B.O.E y las leyes autonómicas también en los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas y entran en vigor en la fecha establecida por la propia ley. El legislador puede establecer un plazo más largo para la entrada en vigor de la ley, que es lo que se denomina vacatio legis. En el caso de que la ley no establezca expresamente la entrada en vigor, el artículo 2 del código civil establece que como regla general las normas o leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

Las elecciones

Las elecciones tienen lugar entre los 30 días y los 60 días desde que termina el mandato y el congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.

Elecciones en el Derecho Constitucional

- Elección de los diputados del Congreso: cada 4 años


El Congreso es elegido por 4 años y el mandato de los diputados termina 4 años después de la elección o el día de la disolución de la cámara. Algo semejante se puede decir del Senado, que se encuentra regulado en el artículo 69.6 donde se dice que el senado es elegido por 4 años. Las cámaras como dice el artículo 63.1 se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones. El primero que va de Septiembre a Diciembre y el segundo que va de Febrero a Julio.

Las cámaras se pueden reunir en sesiones extraordinarias a petición del gobierno, de la diputación permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Estas sesiones extraordinarias deben convocarse por el orden del día fijado y deben clausurarse una vez que ese orden del día se encuentre agotado. En ambos supuestos las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente para poder adoptar acuerdos, lo que exige una presencia mínima que es la asistencia de la mayoría de sus miembros. Es esencial que las cámaras se reúnan siempre convocadas por un orden del día, que habitualmente es fijado por el presidente de la cámara de acuerdo con la Junta de portavoces.

- Exigencia de la Constitución para con los reglamentos de las cámaras


La Constitución exige que los reglamentos de las cámaras prevean un tiempo mínimo semanal para las interpelaciones y preguntas que las cámaras quieran formular a los miembros del gobierno. Además, los reglamentos de las cámaras establecen que el Gobierno puede pedir que un asunto se incluya en el orden del día.

- Sesiones de las cámaras: principios de publicidad y contradicción


Las sesiones de las cámaras se rigen por los principios de publicidad y contradicción. El artículo 60 de la Constitución establece que las sesiones de los plenos de las cámaras van a ser públicas salvo acuerdo en contrario de cada cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo a su reglamento.

+ Principio de publicidad


En todo caso deben ser sesiones públicas aquellas que hagan referencia a la investidura del presidente del Gobierno o al control parlamentario. La publicidad de las sesiones implica además de la presencia de los medios de comunicación, la transcripción de los debates parlamentarios a través de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado, así como la presencia de público que puede asistir a los plenos. Las sesiones de las comisiones no son públicas, en el sentido de que no están abiertas al público, pero si permiten la presencia de los medios de comunicación y sus debates son transcriptos en el diario de sesiones.

+ Principio de contradicción


El principio de contradicción significa que en los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado cada grupo parlamentario y del Gobierno disponen de un tiempo asignado para manifestar su posición y también la posibilidad de una réplica.

- Las votaciones


Si para constituirse válidamente las cámaras hace falta una asistencia mayoritaria de sus miembros, los acuerdos para que sean válidos exigen la aprobación de la mayoría de los miembros presentes, esto es lo que se denomina mayoría simple. Además, la Constitución exige para algunos supuestos que los acuerdos sean aprobados por mayorías más reforzadas, que son las denominadas mayorías cualificadas o mayorías especiales. Así para poder aprobar una ley orgánica hace falta la mayoría absoluta del congreso de los diputados, lo que significa la aprobación por la mitad más uno de los miembros de la cámara. Además también se exige en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional 3/5 de los miembros de la cámara. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. En algunos supuestos está previsto el voto secreto, pero como regla general el voto es público, especialmente en lo que afecta a la investidura del Presidente del Gobierno o a las exigencias de responsabilidad política.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

El trabajo parlamentario y su estructuración

Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado son órganos con un gran número de miembros que requieren unos órganos de Gobierno y unos órganos de funcionamiento. Los órganos de Gobierno son los órganos directivos de las cámaras, y son tres: el presidente, la mesa y la junta de portavoces.

Trabajo parlamentario en el Congreso de los Diputados

- Elección del Presidente del Congreso y del Senado


El Presidente del Congreso y del Senado es elegido por los miembros de esta en sesión constitutiva. El artículo 72.2 dice que las cámaras eligen a sus presidentes y a los demás miembros de sus mesas.

Los Presidentes de las cámaras son elegidos en primera votación por mayoría absoluta de cada cámara y sino en segunda votación por el candidato que tenga mayor número de votos. El Presidente es la máxima autoridad de la cámara, ostenta su representación y es la segunda autoridad del Estado.

- Neutralidad del Presidente del Congreso y del Senado en el ejercicio de sus funciones


Es esencial señalar que el Presidente del Congreso y del Senado tiene que ejercer sus funciones siguiendo una estricta neutralidad. Pertenece a una mayoría política, vota con esa mayoría política pero no desarrolla ninguna actividad política. No interviene políticamente en los debates, no defiende proyectos de ley ni tampoco discrepa con la oposición. Tiene que aplicar el reglamento de las cámaras con independencia.

- Funciones del Presidente de las cámaras


Una de las funciones que tiene el Presidente es dirigir los debates de los plenos del Congreso y del Senado. La segunda función es presidir la mesa de cada una de las cámaras y la Junta de portavoces. Otra función muy importante es la función normativa porque aprueban las llamadas resoluciones de la presidencia que son fuente del derecho parlamentario y se integran en los reglamentos. Estas resoluciones de carácter general de las presidencias requieren el acuerdo tanto de la mesa como de la Junta de portavoces.

+ Diferencias entre las resoluciones de la presidencia y los reglamentos parlamentarios


Existen algunas diferencias esenciales entre estas resoluciones de la presidencia y los reglamentos parlamentarios. La primera es que las resoluciones de la presidencia sirven solo para interpretar los reglamentos en caso de duda o para suplir en caso de vacío o laguna normativa y no pueden empleadas para contradecir o modificar los reglamentos parlamentarios.

La segunda diferencia es que los reglamentos de las cámaras son controlados a través del recurso de inconstitucionalidad, mientras que las resoluciones de la presidencia son objeto de control a través de un recurso de amparo directo ante el tribunal constitucional.

La última función que tienen los presidentes de las cámaras reside en el artículo 72.3. Corresponde a los presidentes de las cámaras ejercer en nombre de éstas todos los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

- Las mesas de las cámaras


+ Elección de los miembros de las cámaras


El artículo 72.2 dice que las cámaras eligen a los miembros de las mesas. Cada cámara cuenta con un presidente, hay cuatro vicepresidentes en el Congreso y dos en el Senado y después disponen de cuatro secretarios. Los miembros de las mesas se eligen en la sesión constructiva de las cámaras y cada parlamentario elige a una sola persona, siendo elegidas las personas que tengan un mayor número de votos. De esta forma se garantiza que estén representados en las mesas de las cámaras los principales grupos parlamentarios.

+ Funciones y carácter de las mesas


La principal función de las mesas de las cámaras es la dirección y organización los trabajos parlamentarios, sobre todo a medio y largo plazo. Tiene un carácter más administrativo que político. Aparte le corresponde a las mesas de las cámaras la gestión administrativa del parlamento, lo que afecta a los medios personales y materiales. Le corresponde a las mesas de las cámaras todas aquellas funciones que el reglamento no atribuya de manera expresa a otros órganos.

- Junta de portavoces


La Junta de portavoces es otro órgano de gobierno de las cámaras y esta compuesta por un portavoz de cada grupo parlamentario y actúa en representación de cada grupo y también hay un representante del gobierno. Lo relevante es que el voto en la Junta de portavoces es un voto ponderado. Esto significa que cada portavoz dispone de tantos votos como parlamentarios tenga su grupo. Le corresponde al presidente presidir la Junta de portavoces.

+ Función de la Junta de portavoces


La función de la Junta de portavoces es de carácter político. Esto es debido a que en el a Junta de portavoces se va a adelantar la posición que tanto en pleno como en comisiones van a tener los grupos parlamentarios y ya se visualiza la existencia o no de mayorías o minorías.

+ Junta de portavoces: cauce institucional en las relaciones entre Gobierno y Cámaras


También la Junta de portavoces es el cauce institucional para las relaciones entre Gobierno y Cámaras. Además la Junta de portavoces tiene una función esencial que es fijar el orden del día de los plenos o modificar el orden ya fijado. Si la mesa de las cámaras dirige los trabajos parlamentarios a medio plazo la Junta de portavoces va a dirigir los trabajos parlamentarios a corto plazo teniendo en cuenta la dinámica política.

+ Regulación de la Junta de portavoces


La Junta de portavoces es el órgano de Gobierno que refleja la importancia de los grupos parlamentarios y en el fondo de los partidos políticos en el régimen parlamentario. Hay que decir que la Junta de portavoces no dispone de regulación de la Constitución y tiene una regulación muy escueta en los reglamentos parlamentarios pero que ha adquirido un gran protagonismo político.

También las cámaras disponen de unos órganos de funcionamiento a través de los cuales se desarrollan todas las actividades parlamentarias que son las actividades legislativas, presupuestaria y de control.

- Pleno de las cámaras


El primer órgano de las cámaras es el pleno. Este el órgano de funcionamiento más importante de las cámaras. Esta compuesto por todos los miembros de las cámaras, también asisten al pleno de las cámaras los miembros de gobierno que disponen de voz pero no voto salvo que sean miembros de las mismas. La ubicación en los plenos de las cámaras no es una ubicación libre sino que se sientan de conformidad con su adscripción a los grupos parlamentarios.

+ Funciones del pleno de las cámaras


El pleno de las cámaras desempeña las funciones de carácter más político dentro de éstas actividades legislativas presupuestarias y de control.

El artículo 75.1 establece que las cámaras funcionan en pleno y en comisiones. Ostentando el pleno las funciones más de carácter político y las comisiones las funciones de carácter más técnico-jurídico. Así en lo que hace referencia al procedimiento legislativo le corresponde al pleno en exclusiva la aprobación de lo relativo a la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado.

Además también le corresponde al pleno del Congreso de los diputados y no a las comisiones la investidura y la remoción del Presidente del Gobierno. También la función de control político en aquéllos debates de mayor relevancia política se celebran en el pleno. Es esencial en el pleno de las cámaras que se rige por el principio de publicidad. Existe también la posibilidad de plenos o sesiones conjuntas de ambas cámaras para aquéllas funciones parlamentarias referidas al título segundo, esta sesión conjunta de ambas cámaras son presididas por el presidente del congreso de los diputados y se rigen por un reglamento aprobado por mayoría absoluta de ambas cámaras.

- Comisiones


Las comisiones es otro órgano de funcionamiento de las cámaras. Las comisiones son una especie de pleno reducido porque hay un presidente de la comisión que ejerce una función similar al presidente de las cámaras, hay una mesa de cada comisión que ejerce las funciones semejantes a la mesa de las cámaras y los miembros de la comisión son los representantes de cada grupo parlamentario en proporción a su importancia numérica. Los miembros de cada comisión son designados de manera libre por cada grupo parlamentario, si bien todo parlamentario tiene derecho en estar al menos en una comisión.

+ Funciones que hace una comisión


Si las cámaras funcionan en pleno y por comisiones y las cámaras tienen las funciones presupuestarias, legislativas y de control le corresponde también a las comisiones una participación en éstas labores en lo que hace referencia aspectos más técnicos o especializado. Es decir, en lo que es menos relevante políticamente. Así las comisiones pueden desempeñar funciones legislativas, así las comisiones pueden aprobar leyes que por tanto no son aprobadas en pleno. Pero nunca en materias referidas a la reforma constitucional, cuestiones internacionales, a las leyes orgánicas y de bases y a los presupuestos generales del Estado. Por tanto, se reduce la competencia legislativa plena de las comisiones a aquellas leyes que tienen un componente más técnico de forma que se reduzca y descargue el calendario legislativo de los plenos. Aparte, las leyes que van a ser aprobadas en pleno tienen que ser discutidas previamente en las comisiones donde se produce un debate técnico y se aprueba un dictamen que va a ser discutido finalmente en el pleno. También las comisiones desempeñan una función de control político, pudiendo exigir a los miembros del gobierno que comparezcan en la comisión para informar o para presentar preguntas.

+ Clases o tipos de comisiones


Existen las comisiones legislativas permanentes, que suelen coincidir con áreas políticas o con ministerios. Las comisiones permanentes de carácter no legislativo, como la comisión de reglamento. Hay otras comisiones creadas por leyes sectoriales, que son sobre todo comisiones de control, por ejemplo la comisión del tribunal de cuentas. Hay comisiones parlamentarias no permanentes que se crean para objetivos concretos, por ejemplo una comisión parlamentaria que se crea para el acuerdo para reformar el contrato laboral.

- Grupos parlamentarios: agrupaciones de parlamentarios


Los grupos parlamentarios son órganos de funcionamiento de las cámaras compuestos por agrupaciones de parlamentarios. Están compuestos por aquéllos diputados y senadores que se han presentado en las candidaturas del mismo partido político. Por tanto lo esencial en cada grupo parlamentario salvo en el grupo mixto es la coincidencia política de los parlamentarios y que suponen la traducción parlamentaria de los partidos políticos.

+ Requisitos para constituir un grupo parlamentario


Existen un conjunto de requisitos para poder constituir un grupo parlamentario. Si los grupos parlamentarios son órganos de funcionamiento de las cámaras que deben estructurar la vida parlamentaria la existencia de grupos parlamentarios de muy pocos diputados atomizaría la vida parlamentaria. Se exige que halla habitualmente 15 diputados o 10 senadores para poder crear un grupo parlamentario, salvo en los supuestos de partido de ámbito autonómico como son los partidos nacionalistas. Aquéllos diputados que no pueden constituir un grupo parlamentario propio conforman el llamado grupo mixto donde confluyen diputados de ideologías muy diversas. El grupo mixto tiene la función de permitir la actividad parlamentaria que no puedan formar un grupo.

Existen algunos límites para dificultar el transfuguismo político.

+ Funciones de los grupos parlamentarios


La Constitución solo ha establecido una función de los grupos parlamentarios, la establecida en el artículo 78.1.

Los grupos parlamentarios tienen como función constitucional ayudar a conformar la diputación permanente de las cámaras. Los reglamentos parlamentarios si hacen una mención muy extensa a las funciones de los grupos parlamentarios. Así éstos grupos no sólo sirven para representar en la cámara a los diputados de una ideología concreta sino que es un auténtico órgano de funcionamiento de las cámaras que sirve para organizar, articular y coordinar las actividades parlamentarias de los miembros que la integran. Tanto en los aspectos presupuestarios como legislativos como de control.

Así los grupos parlamentarios atribuyen las portavocías en las comisiones y en los plenos dando la palabra a los diputados que van a expresar la posición del grupo y autorizando que los diputados y los senadores presenten preguntas o hagan enmiendas a los proyectos de ley. Así, el parlamento no puede funcionar sobre la base de la actividad de los parlamentarios considerados individualmente.

Los grupos parlamentarios sirven para simplificar y para racionalizar el funcionamiento de las cámaras. Por eso se habla de la existencia de un parlamentarismo racionalizado. Además el protagonismo de los grupos parlamentarios es una consecuencia de la existencia de una democracia de partidos. El grupo parlamentario contribuye a la composición de los órganos de gobierno de las cámaras y contribuye a los órganos de funcionamiento de las cámaras como son las comisiones y la diputación permanente.

+ Relevancia constitucional de los grupos parlamentarios: financiación pública o del Estado


La relevancia constitucional de los grupos parlamentarios exige que dispongan de financiación pública o del Estado. Esta aportación económica es una cantidad fija para cada grupo y el resto varía dependiendo del número de diputados y senadores.

Además de los grupos parlamentarios hay que señalar que el reglamento del Senado establece la existencia dentro de cada grupo parlamentario del senado de grupos de carácter territorial que integran a los senadores que pertenecen a la misma comunidad autónoma y que es una consecuencia de que el Senado sea la cámara de representación territorial.

- La diputación permanente


Es otro órgano de funcionamiento de las cámaras. Es una comisión de miembros de cada cámara que asumen las funciones de éstas cuando las cámaras no pueden actuar. Hay dos supuestos donde las cámaras no pueden actuar. El primero es cuando las cámaras estén en período vacacional y por tanto no estén en períodos de sesiones ordinarias. El segundo supuesto es cuando las cámaras hayan extinguido su mandato o hayan sido disueltas hasta que se constituyen las nuevas cámaras. En este segundo supuesto hay que decir que si bien el mandato de los parlamentarios ha decaído se produce una prorroga del mandato para los miembros de la diputación permanente cuyo mandato se considera persistente hasta que se constituyan las nuevas cámaras.

En todos los supuestos le corresponden a la diputación permanente la función de velar por los poderes de las cámaras que se encuentran en el artículo 68.2 al final, lo que implica que la diputación permanente siempre podrá ejercer la función de poder parlamentario. También será función de la diputación permanente el rendir cuentas a la cámara correspondiente de los asuntos tratados y de sus decisiones.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

Prerrogativas de las Cortes y las prerrogativas de los parlamentos

La Constitución atribuye tanto al Parlamento como a los miembros de las cámaras una serie de garantías en forma de prerrogativas que permiten que éstas puedan ejercer sus funciones sin interferencias del poder político.


Estas prerrogativas están orientadas a la libre actuación de las cámaras tanto en lo que hace referencia a la libertad de expresión como al respeto a la composición de las Cortes Generales.

Estas prerrogativas parlamentarias no son privilegios sino garantías que han surgido en virtud de situaciones históricas donde el poder ejecutivo a presionado al poder legislativo alterando de alguna forma el funcionamiento de las cámaras. Además estas prerrogativas son necesarias especialmente en aquellos países cuyo régimen constitucional no esta todavía asentado.

Hay otro tipo de prerrogativas de carácter colectivo y las prerrogativas de carácter individual.

Las prerrogativas de carácter colectivo se atribuyen al Congreso y al Senado como órganos constitucionales para poder asegurar la plena autonomía de las cámaras. Es importante señalar que las prerrogativas tanto colectivas como individuales no se aplican como señala el artículo 67.3 no se aplica en las reuniones que se celebran sin convocatoria parlamentaria ya que éstas convocatorias no permiten ejercer las funciones de las cámaras ni ostentar sus privilegios.

La primera prerrogativa colectiva de las Cortes es la inviolabilidad. Las Cortes generales son inviolables lo que significa que no puede exigirse responsabilidad jurídica alguna por los actos realizados en el ejercicio de su instrucción. Las Cortes en términos colectivos no pueden ser perseguidas ni por procedimiento penal ni civil. Además las Cortes generales no pueden estar sometidas a presión alguna por lo que el artículo 77.1 prohibe expresamente la presentación directa de peticiones individuales y colectivas a través de manifestaciones ciudadanas. El Código Penal considera delitos las manifestaciones ante las Cámaras cuando estén reunidas, entrar indebidamente en las cámaras con o sin armas o cualquier intento de coaccionar a sus integrantes o de perturbar su funcionamiento.

- La autonomía normativa o reglamentaria de las cámaras


La autonomía normativa significa que le corresponde a las Cortes Generales la aprobación de sus reglamentos, que son el reglamento del congreso de los diputados aprobado en 1982, el reglamento del Senado, aprobado también en el año 1982 pero con reformas posteriores y el reglamento de las sesiones conjuntas del congreso y del Senado. Lógicamente la potestad reglamentaria de las cámaras se ejerce respetando y sin perjuicio de las previsiones constitucionales que regulan la organización y el funcionamiento de las cámaras.

Existe por tanto una reserva de reglamento por lo que ninguna norma que no se los reglamentos parlamentarios puede regular la organización y el funcionamiento de las cámaras. Esta reserva del reglamento se ejerce sobre todo frente al Gobierno que no puede regular a través de su potestad reglamentaria el funcionamiento de las cámaras. Tampoco la ley puede regular el funcionamiento de las cámaras porque los reglamentos parlamentarios no son leyes. Los reglamentos parlamentarios son aprobados por cada una de las cámaras, no siguen el procedimiento legislativo y no son publicados en el Boletín Oficial del Estado.

- Posición de los reglamentos parlamentarios dentro del sistema de fuentes


Los reglamentos parlamentarios se encuentran directa e inmediatamente subordinados a la Constitución no teniendo más límites que los establecidos en esta. El reglamento parlamentario se encuentra en la misma posición en el sistema de fuentes que la ley respetándose no en virtud del principio de jerarquía sino en virtud del principio de competencia. Esta especial posición del reglamento parlamentario en el sistema de fuentes hace que el control de constitucionalidad de los reglamentos lo lleve a cabo el Tribunal Constitucional. En todo caso hay que decir que la ley tiene en el reglamento parlamentario su parámetro de constitucionalidad teniendo que respetar la aprobación de las leyes el procedimiento previsto en el reglamento parlamentario.

- Forma de aprobación de los reglamentos


Los reglamentos parlamentarios tienen que ser aprobados por mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Este criterio también es aplicable a la reforma de los reglamentos. Esta exigencia de mayoría absoluta para aprobar los reglamentos tiene como finalidad proteger a las minorías frente a las mayorías. Evitando que la mayoría política se sirva del reglamento para dificultar la función de control. Existen las llamadas resoluciones de las presidencias, bien para el congreso como para el senado, que tiene la facultad no solo de interpretar los reglamentos en caso de duda sino también de suplir su regulación en caso de laguna u omisión. Estas resoluciones son disposiciones de carácter general que tienen que dictarse con la colaboración de la mesa y la junta de portavoces y también son fuente del derecho parlamentario.

- La autonomía presupuestaria


Las cámaras aprueban de forma autónoma sus presupuestos. De esta forma si la regla general es que le corresponde al Gobierno la elaboración del proyecto de ley de presupuestos generales del estado.

En el caso del presupuesto de las cámaras este es elaborado y aprobado de manera autónoma por estas, integrándose de manera directa en los presupuestos generales del Estado. Esta autonomía presupuestaria evita que el gobierno dificulte el funcionamiento de las cámaras negándoles los recursos económicos necesarios.

- La autonomía de gobierno, autonomía administrativa y autonomía persona


Le corresponde a las cámaras elegir a los presidentes y a los demás miembros de las mesas de las cámaras. Las sesiones conjuntas de ambas cámaras son presididas por el Presidente del Congreso.

Le corresponde al Presidente de las cámaras ejercer en nombre de éstas todos los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Le corresponde también a las Cortes Generales aprobar de común acuerdo el estatuto de personal de las cortes generales. Además los procesos selectivos para formar parte de las Cortes Generales. Son convocados y son resuelven por tribunales aprobados por las propias mesas de las cámaras. Esta autonomía de personal es también una prerrogativa frente al gobierno que garantiza tu independencia.

- Fuero procesal o el control jurisdiccional de los actos del parlamento


No existen ámbitos exentos de control jurisdiccional. Así el control de los actos legislativos con valor de ley lo lleva a cabo el tribunal constitucional a través de la resolución de los recursos y de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El control jurisdiccional de los actos parlamentarios sin valor de ley lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional a través del llamado recurso de amparo directo regulado en el artículo 42 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Se llama recurso de amparo directo porque a diferencia de los demás no hace falta agotar la vía judicial previa. A través de este amparo directo se controlan los actas interna corporis que son los actos internos de las cámaras donde se cumplen funciones parlamentarias. Cuando estas resoluciones o actos de las cámaras vulneren derechos fundamentales existe esta garantía jurisdiccional que va a proteger especialmente el derecho a participar en asuntos públicos por medio de representación que no solo tiene dentro de su contenido esencial el derecho a ser elegido sino que también el derecho a desarrollar con normalidad las funciones de representación.

Frente a los actos de las cámaras que no tienen carácter parlamentario sino que son de administración o de personal existe un recurso judicial que conoce la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

- Prerrogativas individuales del parlamentario


No basta con proteger a los órganos de las cámaras en términos colectivos para que éstas puedan ejercer adecuadamente sus funciones. Solo protegiendo al parlamentario individualmente podemos proteger también la formación de la voluntad de las cámaras. Por ello las prerrogativas individuales de los parlamentarios no son privilegios personales sino garantías funcionales que custodian la actividad parlamentaria tanto en lo que hace referencia a la libertad de expresión como a la correcta composición numérica de cada una de las cámaras. Por ello estas prerrogativas individuales de los parlamentarios no son derechos subjetivos de los parlamentarios que estos puedan exigir o de los que puedan renunciar sino que son garantías de las que disponen las cámaras que son irrenunciables por parte del parlamentario individual y solo pueden disponer de ellas las cámaras cuya función está protegida por la prerrogativa.

+ Inviolabilidad de los diputados por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones


El artículo 71.1 señala que los diputados gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que los miembros de las cámaras no responden jurídicamente y por tanto no pueden ser perseguidos o demandados por las opiniones manifestadas y vertidas con ocasión del ejercicio de sus funciones. El bien jurídico que protege la inviolabilidad es la libertad de expresión y por tanto la capacidad de control que es indispensable para la función representativa. La inviolabilidad impide cualquier procedimiento judicial tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. No es posible una querella penal y una demanda civil por las opiniones manifestadas en el ejercicio de las funciones que se encuentran protegidas por la garantía de la inviolabilidad. La inviolabilidad extiende sus efectos temporales de manera indefinida por lo que tampoco es posible un procedimiento judicial por las opiniones vertidas en sus funciones parlamentarias cuando ha dejado de ser parlamentario. El objeto de la inviolabilidad son especialmente las opiniones manifestadas aunque también se puede extender a otras intervenciones o manifestaciones de posición en votaciones o proposiciones no de ley. Por tanto el ámbito objetivo de la inviolabilidad excluye las opiniones emitidas por parlamentarios fuera del ejercicio de las funciones parlamentarias. Por tanto los inviolabilidad del parlamentario no cubre las reuniones de parlamentarios que se celebran sin convocatoria reglamentaria y donde no se ejercer las funciones parlamentarias ni se ostentan sus privilegios. La inviolabilidad no excluye que las propias cámaras puedan imponer sanciones a los parlamentarios por las opiniones vertidas durante las funciones parlamentarias a través de las potestades disciplinarias que ejercen las propias cámaras.

+ Inmunidad de los parlamentarios


El artículo 71.2 reconoce una prerrogativa individual de los parlamentarios que es la inmunidad.

Esta prerrogativa protege al parlamentario frente a cualquier acto del poder ejecutivo en especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y frente a cualquier acto del poder judicial que pueda limitar su libertad personal reconocida en el artículo 17 de la Constitución.

La inmunidad evita cualquier detención por parte de los cuerpos de seguridad y cualquier forma de privación de libertad a través de procedimiento penales. La inmunidad va dirigida a que esta detención o privación de libertad no se haga por motivos políticos y tenga su causa en una persecución política. El bien jurídico que se protege es la correcta composición de las cámaras de forma que la privación de libertad no altere sus equilibrio numéricos.

El Tribunal Constitucional ha señalado que la inmunidad de los parlamentarios así como su inviolabilidad tiene que interpretarse de manera restrictiva debido a que se limita mucho el derecho a una tutela judicial efectiva.

La inmunidad no es absoluta ya que el diputado o senador puede ser procesado si lo autorizan las cámaras. La concesión de suplicatorio para procesar a un diputado o la delegación de su abdecatoria tiene que ser justificada y motivada por las cámaras valorando si en la petición judicial se esconde algún móvil político. Se trata esta concesión o suplicación de delegatoria es un acto parlamentario sin valor de ley sometido a control jurisdiccional sometido a control jurisdiccional a través del recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional. No es una decisión política, es de naturaleza jurídica. El parlamento no podrá denegar el suplicatorio si no existe una persecución de carácter político. En ningún caso el parlamento puede llevar a cabo un enjuiciamiento sobre el fondo del asunto que le corresponde al órgano judicial. La inmunidad no es derecho del diputado o senador sino que solo puede disponer de ella las cámaras.

+ Diferencias de la inmunidad frente a la inviolabilidad


La inmunidad tiene importantes diferencias con respecto a la inviolabilidad. La primera es que la inmunidad solo se limita al ámbito penal y no impide los procedimientos civiles o laborales contra un diputado ya que solo los procedimientos penales pueden implicar la privación de libertad. En segundo lugar la inmunidad alcanza cualquier procedimiento penal contra un parlamentario así mientras que la inviolabilidad solo protege frente a actos parlamentarios la inmunidad protege todos los actos que cometan los parlamentarios también fuera de sus funciones parlamentarias y que puedan implicar un procedimiento penal contra él (ejemplo bebidas alcóholicas). En tercer lugar la inmunidad se limita a la duración del mandato parlamentario, mientras que la inviolabilidad se extiende más halla y fuera del mandato parlamentario.

Así lo que se pretende de nuevo es que se modifique la composición de las cámaras. De hecho si el parlamento no concede suplicatorio siempre se podrá perseguir penalmente a esa persona cuando deje de ser diputado.

+ Aspectos relevantes en el procedimiento penal vinculados a la inmunidad


Existen algunos aspectos relevantes en el procedimiento penal vinculados a la inmunidad. En primer lugar la inmunidad no impide la investigación policial de aquellos actos o conductas que puedan ser delictivas y merecer un reproche penal. Por tanto tampoco la inmunidad impide la misión a trámite de una querella penal. Lo propio de la inmunidad es que no se inicie la inculpación de un parlamentario o sea procesado sin la previa autorización de las cámaras. Cuando alguien que es elegido parlamentario se encuentra ya procesado penalmente es necesario que las cámaras concedan el suplicatorio para continuar con la inculpación. Si está detenido o privado de libertad hace falta proceder a su puesta en libertad hasta que el parlamento no conceda el suplicatorio. Otro elemento procesal relevante es el referido al órgano jurisdiccional competente para proceder penalmente contra los diputados, parlamentarios o senadores. Es la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Si el parlamento concede suplicatorio se continua el procedimiento penal que puede conllevar una pena de prisión o la inhabilitación del parlamentario, lo que significa una suspensión temporal y una pérdida temporal de su condición de parlamentario. En el caso de que el parlamento no conceda el suplicatorio no podrá continuar el procedimiento penal contra el diputado, no podrá ser inculpado ni procesado hasta que deje su condición de parlamentario. En todo caso si se podrá continuar la imputación contra los demás inculpados. También hay que decir que los parlamentarios pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. En todo caso hace falta la autorización de las cámaras para continuar la detención.

El órgano jurisdiccional competente para conocer los procedimientos penal contra diputados y senadores es la sala de lo penal del Tribunal Supremo como señala el artículo 71.1 de la Constitución. Esta previsión no supone que el Tribunal Supremo sea un órgano judicial más independiente o más imparcial que el resto de órganos judiciales pero si que dispone de magistrados que por estar a término tienen una mayor cualificación jurídica y experiencia. La existencia de este fuero procesal hace que los diputados y senadores no dispongan de un derecho a una apelación o del derecho a que su caso sea revisado por una segunda instancia judicial. Esto ha sido en parte cuestionado por el Tribunal Europeo de derechos humanos.

+ Otras garantías constitucionales de los parlamentarios considerados individualmente


Los parlamentarios disponen de otras garantías constitucionales que no son garantías de los órganos, no son garantías de las cámaras sino de los parlamentarios considerados individualmente.
Se trata de un auténtico estatuto de los parlamentarios que se extiende a las exigencias de incompatibilidad a la obligación de prestar un juramento y a los supuestos de pérdida de la conducción del parlamento.

+ Incompabilidades de los miembros de las cámaras


La incompatibilidad es la exigencia de que los miembros de las cámaras no incurran en ningún supuesto de incompatibilidad que suponga una interferencia en el ejercicio de las responsabilidades parlamentarias. Por tanto la incompatibilidad es una garantía de independencia de los diputados y senadores para que puedan desempeñar correctamente las funciones legislativas de control.

La primera incompatibilidad va dirigida a no formar parte del poder ejecutivo, de manera que se evite la confusión entre poderes del Estado.

La segunda exigencia de incompatibilidad es que los diputados y senadores no deben ejercer algunas funciones privadas que les afecte a su independencia en su proceso legislativo.

En tercer lugar la exigencia de incompatibilidad va dirigido a permitir un nivel de dedicación a las secciones parlamentarias.

La mayoría de las causas de incompatibilidad están regulados en el artículo 70 de la Constitución.

El artículo 70 establece las causas de incompatibilidad que también son de ilegibilidad como son ser miembros del Tribunal Constitucional, ser alto cargo de la administración del estado, defensor del pueblo, miembro de la carrera judicial o fiscal, militar profesional o miembro de una fuerza o cuerpo de seguridad del estado.

No obstante hay que diferenciar la inelegibilidad que impide ser proclamado candidato de la incompatibilidad que impide la toma de posesión como diputado.

Por tanto hay algunos supuestos específicos de incompatibilidad sobre todo referido al ejercicio de funciones privadas. Así el diputado o senador al ser elegido debe hacer una declaración de actividades y pedir la compatibilidad. Existe una comisión, la comisión del Estatuto del diputado, que elabora un dictamen de compatibilidad y que resuelve el pleno de las cámaras. Recientemente se da publicidad a la declaración de actividades de diputados y senadores lo que supone un control social de su actividad.

+ Obligación de prestar juramento o promesa de aceptar la Constitución


Otra garantía es la obligación de prestar juramento o promesa de aceptar la Constitución para adquirir la plena condición de parlamentario. La jurisprudencia del tribunal constitucional ha admitido como fórmula para prestar juramento la expresión por imperativo legal. La negativa a jurar o prometer la Constitución no hace perder el carácter de diputado o senador electo sino que impide que se puedan ejercer las funciones parlamentarias y que se ostenten los privilegios o prerrogativas de los parlamentarios.

La última garantía que forma parte de este estatuto del parlamentario o senador es la existencia de unos supuestos tasados o limitados para la pérdida temporal o definitiva de la condición de parlamentario.

- Supuesto que justifica la pérdida definitiva de condición de parlamentarios


Son la finalización del mandato bien por que hayan transcurrido 4 años, por que se hayan disuelto las Cámaras salvo los miembros de la diputación permanente que siguen siendo parlamentarios.

Otras causas de pérdida definitiva de la condición de parlamentario es el fallecimiento, la renuncia o la resolución judicial que incapacite al diputado o senador o la resolución judicial que anule la elección.

La pérdida definitiva de la condición de diputado supone que en el congreso toma posesión el siguiente en la lista y en el senado toma posesión el suplente.

Hay otros supuestos que suponen la pérdida temporal de diputado o senador. Básicamente la principal es la resolución judicial, que declare la prisión preventiva o una sentencia judicial de condena a cárcel o con una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos y de funciones públicas.

La última garantía hace referencia a la situación económica de diputados y senadores. El artículo 71.4 de la Constitución establece que los diputados y senadores van a percibir una asignación que es fijada por las respectivas cámaras. Por tanto la retribución económica de los parlamentarios es una exigencia constitucional por varios motivos: compensación por el ejercicio de funciones públicas, carácter representativo del parlamento, que evite que sólo pueda ser parlamentario quien se lo pueda pagar, y en tercer lugar una garantía de independencia del parlamento, vinculado al régimen de incompatibilidad.

La Constitución no establece ningún régimen ni ventaja especial de los miembros del parlamento en relación con las cotizaciones a la seguridad social para poder obtener una comisión. Esta es una decisión que corresponde a la autonomía de las cámaras.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

El bicameralismo

El artículo 66.1 establece que las Cortes Generales están formadas por el Congreso y por el Senado y que ambas representan al pueblo español. Se utiliza esta denominación histórica de Cortes Generales que es el vocablo que en la historia de España se ha utilizado para designar al Parlamento.

Interior del Congreso de los Diputados

- Congreso de los Diputados, cámara de representación popular


Hay que decir que el Congreso de los Diputados puede ser definido como la cámara de representación popular, a pesar de que el artículo 68 no haga mención a ello. El artículo 68.2 establece que si bien hay un mínimo de diputados por provincia el resto de los diputados se distribuyen en proporción a la población.

- Senado, cámara de representación territorial


El Senado es definido en el artículo 69.1 como una cámara de representación territorial. Esto se materializa en la elección de los mismos 4 senadores por cada provincia y después se materializa en la presencia de senadores elegidos por los parlamentos de las comunidades autónomas. El hecho de que el Senado sea una cámara de representación territorial es una consecuencia del artículo 2 de la Constitución que garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Además el reglamento del Senado fortalece esta característica de la segunda cámara porque permite la existencia no solo de grupos políticos sino de grupos territoriales por el uso de las diversas lenguas de España en el Senado en virtud de la previsión establecida en el art. 3 de la Constitución y por último porque en el Senado existe una comisión general de las Comunidades Autónomas donde pueden participar los presidentes de las Comunidades Autónomas o los representantes de los consejos de gobierno de las Comunidades Autónomas. Si bien el Senado es una cámara propia de estados descentralizados muchos países como España disponen de un senado como una cámara de doble reflexión o de segunda lectura. El papel del Senado en este caso es mejorar técnicamente los proyectos de ley o facilitar los acuerdos políticos que no han sido alcanzados en el congreso donde coexisten más tensiones ideológicas.

- Modelo bicameral, imperfecto y desigual


Tenemos un modelo bicameral, imperfecto y desigual, porque el Congreso tiene funciones mas importantes que las que tiene el Senado. Es razonable que sea así porque el Congreso no deja de ser la cámara de representación popular, el Senado la cámara de representación territorial y nuestro estado atribuye la soberanía popular al pueblo español y reconoce un estado democrático.

- Funciones exclusivas del Congreso


Existen funciones que solo tiene el Congreso en exclusiva como por ejemplo el nombramiento y la moción del presidente del gobierno. El Congreso da la investidura al Presidente del Gobierno, el Congreso aprueba la moción de censura o le deniega la confianza.

- Funciones exclusivas del Senado


También el Senado tiene funciones en exclusiva como son las propias de una cámara de representación territorial. Este sería el caso de la previsión que se contempla en el articulo 141 de la Constitución donde el Senado autoriza al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que una Comunidad Autónoma cumpla sus obligaciones constitucionales.

- Supuestos de preferencia del Congreso sobre el Senado


No obstante en un tema tan importante como es el debate del proyecto de Estatuto de Autonomía la posición del Congreso es precedente sobre la del Senado. Aunque existan funciones compartidas por el Congreso y por el Senado la posición del Congreso prevalece sobre la del Senado. Esto ocurre en lo que hace referencia al procedimiento legislativo, así las leyes orgánicas son aprobadas por mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado. O en todo lo relativo a los decretos-leyes, donde el Senado no cumple ninguna función ya que estos decretos leyes los convalida el Congreso.

Otra función que comparten Congreso y Senado donde prevalece la posición del Congreso es la función de control porque tiene mucha más relevancia pública los debates que se celebran en el congreso de los diputados que en el Senado.

Es verdad que el Senado en el ámbito del procedimiento legislativo y presupuestario puede enmendar los proyectos de ley o de presupuestos aprobados en el Congreso o imponer un veto. Este veto del Senado puede ser levantado por el Congreso a través de una mayoría simple.

- Funciones ejercidas por ambas cámaras: Corona


Existen también unas funciones que se ejercen por ambas cámaras como las relativas a la Corona donde se reúnen en sesión conjunta ostentando la presidencia de la sesión conjunta el Presidente del Congreso. La necesidad de mejorar las funciones y el papel constitucional del Senado no se consigue solo a través de una reforma del reglamento del Senado sino que exige en muchas ocasiones una reforma de la Constitución. De hecho el proyecto de reforma constitucional que inicia el presidente Rodriguez Zapatero en el 2004 y que informada por el Consejo de Estado en el año 2005 contemplaba la reforma constitucional de las funciones del senado.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

Las Cortes Generales en el sistema constitucional

Para poder analizar la posición de las Cortes Generales en el sistema constitucional hay que partir de la base de que en el artículo 1 de la Constitución se establece que la forma política del estado español es una monarquía parlamentaria y que España se constituye en un estado democrático que es sobretodo especialmente en su vertiente de democracia representativa. El artículo 66.1 establece que las Cortes Generales representan al pueblo español.

Cortes Generales, Congreso de los Diputados

- Relevancia constitucional de las Cortes Generales


La relevancia constitucional de las Cortes Generales se manifiesta tanto por su ubicación sistemática en la Constitución (título 3 justo después del título 2 de la Corona) como por las importantes funciones que le son atribuidas que son la potestad legislativa, la capacidad de aprobar leyes, la aprobación de los presupuestos del Estado tanto de ingresos como de gastos como el control de la acción de gobierno.

- Funciones que atribuye la Constitución a las Cortes Generales


Además hay que señalar que la Constitución atribuye a las Cortes Generales otras funciones como son el nombramiento y de moción del Presidente del Gobierno lo que le confiere una legitimación democrática y directa a este. También atribuye a las cortes el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, de vocales del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales así como funciones relevantes a las Cortes Generales en relación con la Corona, en relación con la declaración de Estado de Alarma, Excepción y Sitio y con la integración supranacional.

- Las Cortes Generales, lugar de debate público: materialización de una democracia deliberativa


Las Cortes Generales son un lugar de debate público donde el Gobierno expone su posición y es sometido a crítica, donde los grupos parlamentarios plantean las alternativas políticas y donde se materializa una auténtica democracia deliberativa que se traslada a los medios de comunicación. El Parlamento es un lugar que facilita la negociación política y la búsqueda de consensos, que son imprescindibles para aprobar algunas normas como las leyes orgánicas o los miembros de algunas magistraturas del Estado como el Defensor del Pueblo.

- Límites a la posición del Parlamento en el sistema constitucional


No obstante hay que decir que existen algunos límites a la posición del parlamento dentro del sistema constitucional. En primer lugar las Cortes Generales son poder constituido, no poder constituyente, y como el resto de poderes públicos está sujeto a la Constitución (artículo 9.1), especialmente cuando regula los derechos fundamentales y deben respetar el contenido esencial de estos derechos. Además el control de los actos del Parlamento lo desarrolla el Tribunal Constitucional bien a través del control de constitucionalidad de las leyes bien a través del control de los actos parlamentarios sin valor de ley mediante el recurso de amparo directo antes el Tribunal Constitucional. El Parlamento no es el órgano donde reside la soberanía popular porque esta soberanía popular reside en el pueblo (art. 1.2). Las Cortes Generales no son titulares de la soberanía sino que representan al pueblo español. Esto se hace especialmente presente cuando se aplican fórmulas de democracia directa, como son los supuestos de referéndum que sirven para aprobar la Constitución y los Estatutos de Autonomía. En tercer lugar otro límite se encuentra en el funcionamiento de los partidos políticos, que como señala el artículo 6 de la Constitución concurren y manifiestan la voluntad popular. Así el hecho de que presenten candidatos los partidos políticos, de que el voto en el congreso sea un voto categórico o de partido o la relevancia de los grupos parlamentarios hace que pierdan importancia el parlamentario individual y lo cobre el partido político cuyo grupo parlamentario se limita a seguir las instrucciones de la dirección del partido.

Todo ello a pesar de que nuestra Constitución establece que el mandato no sea un mandato imperativo sino un mandato representativo. En España tenemos una democracia de partidos mas que una democracia representativa. El cuarto elemento donde se desmitifica es el redimensionamiento de la posición del Gobierno sobre el parlamento. A pesar de que el parlamento elija al gobierno la realidad es que el estado social y toda su complejidad hace que prevalezcan los órganos ejecutivos como el Gobierno o los ministerios frente a los órganos deliberativos como el Parlamento. Hay decisiones que requieren de un conocimiento técnico más propio de órganos especializados y no de un órgano no especializado como el Parlamento y sus comisiones. De hecho si bien la función legislativa y la función presupuestaria le corresponde a las Cortes Generales por el artículo 66.2 en la práctica el proyecto de presupuesto y los proyecto legislativos son elaborados por el Gobierno. Por último las técnicas del parlamentarismo racionalizado que tratan de evitar la inestabilidad de los Gobiernos permiten Gobiernos estables y el diseño continuado de políticas públicas. Aunque sea una función esencial del parlamento el control de la acción de gobierno la realidad es que es de tal dimensión la acción del poder ejecutivo que no es controlada siempre por el Parlamento.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

miércoles, 7 de marzo de 2012

Gastos y subvenciones electorales

La ley orgánica de régimen electoral general regula los gastos y las subvenciones a las candidaturas y a los partidos políticos que han concurrido a las elecciones. Esta regulación no formaría parte en si misma del procedimiento administrativo electoral.

Gastos y subvenciones de los partidos politicos

- Limitación de gastos de los partidos políticos y candidaturas: LOREG


La LOREG limita los gastos en los que pueden incurrir los partidos políticos y las candidaturas.

+ Razones para limitar los gastos electorales


Se pone límite a los gastos electorales por diversas razones.

La primera esta en tratar de respetar el principio de igualdad en el proceso electoral de manera que la elección no dependa de los medios económicos.

La segunda razón es tratar de garantizar la libertad de los electores de manera que no estén sometidos a una muy intensa campaña electoral.

En tercer lugar evitar o tratar de amortiguar las deudas económicas de los partidos políticos, deudas con entidades financieras que se prestan a posteriores condonaciones y a ulteriores compromisos. En España estos límites depende del número de circunscripciones en las que te presentas y del número de habitantes de cada circunscripción.

+ Gasto en publicidad en radio y prensa privada


Además existe una específica descripción de la publicidad en radio y prensa privada que no puede exceder del 20% del total de gastos y un límite de las llamadas vallas comerciales que no puede exceder del 25% del total de gastos. De nada serviría la existencia de unos límites a los gastos electorales si no se implementa un sistema de control de estos gastos electorales que son básicamente primeramente comunicando a las juntas electorales la apertura de las cuentas corrientes de ingresos y de gastos electorales, en segundo lugar existe un administrador electoral de cada candidatura que es responsable de los ingresos y de los gastos. Por último están prohibidas las aportaciones anónimas a estas cuentas.

- Regulación de las subvenciones electorales a partidos políticos y candidaturas


La ley orgánica regula también las subvenciones electorales a los partidos políticos y a las candidaturas. Existe una subvención a los partidos y candidaturas porque cuando estos concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular siendo un instrumento fundamental para la participación política. Sólo reciben subvenciones los partidos y la candidaturas que han obtenido representación parlamentaria a razón de 2.000.000 de pesetas por cada escaño y 75 pesetas por cada uno de los votos de cada candidatura. Además los partidos que obtienen una suficiente representación para tener grupo parlamentario también reciben una subvención para el envío de los sobres, papeletas y propaganda electoral a razón de 20 pesetas por cada elector. Además hay que señalar que si bien estas subvenciones se cobran con posterioridad a las elecciones se reciben anticipos de un 30% de la subvención con anterioridad a las elecciones. Las subvenciones electorales están sometidas a un control por parte del Tribunal de Cuentas que analiza la contabilidad electoral de cada partido y puede proponer que no se de subvención o que se reduzca a aquellos partidos que presenten alguna irregularidad en su contabilidad. La decisión definitiva le corresponde a las Cortes generales.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

Las garantías judiciales relativas al procedimiento electoral

El procedimiento administrativo electoral también dispone de garantías, de hecho frente a cualquier acto de la administración electoral hay siempre un recurso o una reclamación administrativa en el marco del procedimiento administrativo electoral.

Elecciones y Congreso de los Diputados

- Garantías jurisdiccionales relativas al procedimiento electoral


Se residencian ante los tribunales y tutelan los derechos y el cumplimiento de la legislación en el proceso electoral. Así frente a las vulneraciones más graves que se producen en el proceso electoral existen unos delitos electorales tipificados en el Código penal y que se residencian ante el orden jurisdiccional penal. Además todos los actos de la administración electoral están sometidos a un control judicial que como regla general lo desarrolla la jurisdicción contencioso administrativa. Todo esto es aplicación del 106 de la constitución que toda la legislación administrativa está sometida al control judicial, no hay ámbitos inmunes al control judicial.

+ Control judicial del proceso electoral


Además el control judicial del proceso electoral es muy importante. En primer lugar es muy importante porque afecta al principio democrático, porque afecta al carácter representativo de las Cortes generales. En segundo lugar es importante porque afecta a un derecho fundamental de la sección primera del capítulo segundo del títulos primero que es el artículo 23, el derecho a participar en asuntos públicos. La tutela de los derechos fundamentales de la sección primera a través de garantías jurisdiccionales o específicas se encuentra regulado en este artículo 53.2 que establece la existencia de un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios que también se denomina amparo judicial u ordinario. Va a ser conocido y tramitado de manera precedente por el órgano judicial y va a ser sumario porque rige plazos más breves. Además es amparo judicial o amparo ordinario porque se va a residenciar ante los tribunales ordinarios.

+ Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional


La segunda garantía jurisdiccional del procedimiento electoral también prevista en este artículo 53.2 es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

- Recursos judiciales


+ Recurso judicial frente a los actos administrativos relativos a la configuración del censo electoral


El primer recurso judicial es frente a los actos administrativos relativos a la configuración del censo electoral. Este recurso judicial lo puede interponer y por tanto tiene legislación activa tanto para los partidos políticos como para las personas que no aparecen en el censo electoral. El recurso de los partidos políticos hace referencia a la correcta formación del censo electoral y es analizado por la jurisdicción contenciosa administrativa. En cambio los recursos de los particulares de rectificación del censo electoral que se produce durante el periodo electoral le corresponde a los jueces civiles de primera instancia por razones de proximidad.

+ Recursos judiciales frente a los actos administrativos de proclamación de candidatos


El segundo tipo de recursos judiciales son los recursos judiciales frente a los actos administrativos de proclamación de candidatos. Para interponer este recurso judicial disponen de legislación activa los representantes de las candidaturas proclamadas o candidaturas excluidas. Existen dos tipos de vicios o irregularidades posibles en la proclamación de candidatos. Unos son los vicios subsanables como es por ejemplo el equilibrio de sexos en la candidaturas y solo pueden ser recurridos en este momento procesal y con este recurso judicial. Los otros son los vicios o irregularidades insubsanables como son por ejemplo las causas de inelegibilidad del artículo 70 de la constitución que siempre pueden ser recurridas posteriormente en el contencioso electoral.

+ Recurso contencioso electoral


El último recurso judicial es el recurso judicial frente al acto administrativo que proclama electos, es el llamado contencioso electoral y es la vía procesal más importante para controlar las elecciones porque no solo se recurren en este contencioso electoral la proclamación de electos sino que además se recurren cualquier irregularidad que se halla producido durante el procedimiento electoral a excepción de la configuración del censo. El artículo 70.2 establece que la validez de las actas y credenciales de los diputados y senadores está sometida a un control judicial que en nuestro país desarrolla el Tribunal Supremo; a diferencia de otro países como EE.UU o Italia que atribuyen a las propias cámaras la comprobación de la legalidad de las elecciones. Este recurso, este contencioso electoral al igual que el resto de los recursos judiciales exige haber agotado todos los recursos administrativos previos ante las juntas electorales. Pero además en este caso se ha exigido expresamente que la irregularidad administrativa halla sido alegada previamente ante la Junta electoral porque en caso contrario se aplicaría el principio de vinculación a los actos propios o a los actos consentidos.

Otra característica del contencioso electoral tiene una gran amplitud de objeto o se rige por el principio de universalidad que significa que se puede recurrir cualquier irregularidad del procedimiento que puede afectar a la proclamación de electos y por tanto al resultado electoral.

Como otra característica de este contencioso electoral es la amplitud de jurisdicción, que significa que el órgano judicial no se limita a analizar lo que se encuentra en el expediente administrativo electoral sino que va a preocupar de buscar la verdad real pudiendo acordar la practica de las pruebas pertinentes. Por último las clases de sentencia del contencioso electoral que son las siguientes: hay sentencia o resoluciones de inadmisibilidad, hay resoluciones judiciales desestimatorias porque proclaman la validez del acto administrativo de proclamación de electos y por otro lado estaría las sentencias estimatorias total o parcialmente y declaran la nulidad del acuerdo de proclamación de uno o varios electos y en su caso la nulidad del escrutinio celebrado en algunas mesas electorales. Esa nulidad del escrutinio puede llevar aparejada unas nuevas elecciones en las mesas anuladas siempre y cuando el resultado de esa mesa electoral puede alterar la distribución de escaños al Congreso o al Senado. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para la tutela del derecho de sufragio activo y pasivo. Existen algunas diferencias esenciales entre este recurso de amparo ante el tribunal constitucional y el recurso ante los órganos judiciales. El recurso de amparo es un recurso subsidiario lo que exige haber agotado todas las vías judiciales previas. En segundo lugar es un recurso extraordinario ya que se limita a analizar si en el procedimiento administrativo o en el procedimiento judicial se han vulnerado un derecho fundamental en especial si se ha vulnerado el artículo 23 de la constitución ya que el tribunal constitucional no va a entrar nunca en la interpretación de la legalidad ordinaria ni tampoco va a ver un nuevo procedimiento a prueba de los hechos. El tribunal constitucional se va a limitar a verificar si se ha vulnerado la doctrina de los derechos fundamentales. Por tanto no estamos ante un recurso jurisdiccional más.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada

El procedimiento electoral

El procedimiento electoral es un procedimiento administrativo que regula el desarrollo de las elecciones, que va desde la convocatoria de las elecciones a la resolución de las reclamaciones de las actas de proclamación de electos.

Procedimiento electoral

El primer acto del procedimiento electoral es la convocatoria de las elecciones. Esta es una facultad del jefe del estado a propuesta del gobierno a través de un real decreto que señala la fecha de convocatoria de las elecciones que va a ser siempre 54 días después de la publicación del real decreto.

- Hay dos tipos de convocatoria de elecciones


En la primera de ella hay reales decretos de convocatoria antes de que finalice el mandato de las cortes generales y por tanto supuestos de disolución anticipada lo que exige que el real decreto de disolución de las cámaras convoque las nuevas elecciones.

En la segunda se da el real decreto de convocatoria por expiración por mandato de las cámaras. En este caso este real decreto de convocatoria tiene que expedirse 25 días antes de que termine el mandato.

El segundo acto es el nombramiento de los representantes de las candidaturas ante las juntas provinciales y ante la junta electoral central. Dentro de este acto también esta el nombramiento de los administradores de candidaturas que van a responder de los ingresos y de los gastos de cada una de las candidaturas.

El tercer acto es el acto de presentación y proclamación de candidatos. El artículo 23 de la Constitución establece que todo ciudadano tienen derecho a participar en asuntos públicos siendo elegidos representantes, por tanto los titulares del derecho de sufragio son los candidatos, son las personas físicas no los partidos políticos. Sin embargo los partidos políticos cumplen una función trascendental en la presentación de los candidatos. El artículo 6 establece que los partidos políticos son el instrumento fundamental de la participación política y concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular. Por tanto los partidos políticos tienen derecho a presentar candidatos a las elecciones pero tiene que ser partidos políticos que estén inscritos en el registro correspondiente del ministerio del interior o coaliciones de partidos políticos. Por tanto la inscripción registral es un requisito administrativo inexcusable para poder presentar candidaturas. El artículo 6 también exige que el funcionamiento de los partidos políticos y su estructura interna sea democrática.


- La designación de los candidatos se hace mediante un procedimiento de primarias


Los partidos sean asignados por los comités electorales que son designados por los congresos de los partidos que son órganos democráticos.

Además de los partidos políticos tienen derecho a presentar candidatos a las elecciones las agrupaciones de electores que tienen que disponer de el 1% de las firmas de las personas censadas en la circunscripción.

En este etapa de nombramiento hay que respetar dos elementos fundamentales, que los candidatos no caigan en ningún supuesto de inelegibilidad, artículo 70.

Hay un primer supuesto determinado en el artículo 70 que es el supuesto de inelegibilidad en que concurren las personas que ocupan algunos cargos públicos como son los magistrados del tribunal constitucional, el defensor del pueblo, los miembros del poder judicial, los miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los miembros de las juntas electorales. Además la ley orgánica de régimen general ha extendido la inelegibilidad a otros cargos de la administración. Otro gran supuesto de inelegibilidad es por condena judicial, bien por sentencia firme a pena privativa de libertad y un segundo supuesto por los condenados por delitos de rebelión o terrorismo siempre que la inevilitación para el sufragio este prevista en la sentencia judicial.

Cuando en esta fase un candidato es inelegible se tiene que cumplir las exigencias de composición equilibrada en las candidaturas de hombres y mujeres, lo que fue impuesto en la ley orgánica 3/2007 o ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esta le exige que cada uno de los sexos disponga al menos del 40% de los candidatos tanto de toda la lista como de cada uno de los tramos de cinco puestos. Esto es una decisión del legislador para garantizar la igualdad promocional real y efectiva que se encuentra prevista en el artículo 9.2 de la Constitución.


- La campaña electoral


Esta puede ser definida como la actividad para pedir el voto de los candidatos de los partidos de las agrupaciones. La campaña electoral dura 15 días y termina con la jornada de reflexión que es el día anterior a las elecciones.

Hay que diferenciar la campaña electoral de la precampaña. La precampaña es el periodo de tiempo que va desde que se publica el decreto de convocatoria hasta que comienza la campaña electoral, y en ella no se podrá pedir el voto.

Hay que diferenciar la campaña electoral de la campaña constitucional que es la campaña que hace el ministerio del interior para fomentar la participación en la elecciones informando del día de las elecciones y de los plazos para pedir el voto por correo.

Es fundamental que esta sea una campaña neutral. El lema de la campaña constitucional no debe coincidir con el lema de un partido político.

Un elemento fundamental de las campañas electorales es que las candidaturas y los partidos políticos se benefician de un conjunto de ayudas de los poderes públicos.


- Ayudas que dan los poderes públicos durante la campaña


Se permite o facilita el uso de espacios y de lugares públicos para los actos de campaña.

En segundo lugar se facilita la inserción gratuita de espacios de publicidad electoral en la radio y la televisión pública. La constitución de estos espacios de publicidad se hace en virtud de un criterio proporcional que se obtiene a partir de los votos de los partidos políticos con representación parlamentaria. A más escaños, más votos, más posibilidades de publicidad. En todo caso para evitar que no se cierre el sistema político a los partidos que ya están en el parlamento se da un espacio mínimo de 10 minutos a los otros partidos. Además es fundamental que durante la campaña electoral los medios de comunicación social públicos, la radio y las televisiones públicas respeten un estricto principio de neutralidad que se encuentra previsto ya en el artículo 20.3 de la Constitución y en la ley 17/2006 de radio y televisión pública. Esto afecta especialmente a los informativos, en general los medios de comunicación publican deben ser neutrales, en cambio la posición de los medios de comunicación privados son diferentes de los medio públicos ya que estos tienen libertad ideológica y pueden ser empresas ideológicas y ejercen la libertad de impresión. Sin embargo durante el periodo electoral las televisiones privadas están sometidas también al control de la junta electoral especialmente en los relativo a los debates electorales. Y también sometidos a los actos de los tribunales. Las prensa y la radio privadas se rigen por el principio de no discriminación ni en la ley ni en las tarifas de la ubicación ni en el decisión de si o no inclusión. En cambio los partidos políticos se rigen por el principio de libre contratación. La televisión pública neutralidad siempre, la privada neutralidad ideológica. Radio y prensa privada principio de no discriminación.

La televisión privada y en general cualquier medio privado no tienen que ser neutrales.


- La votación


Es el acto que más claramente materializa que la soberanía le corresponde al pueblo y que es el pueblo el que elige a los representantes. Es un acto donde se ejercita el derecho de sufragio y por tanto se ejerce un derecho fundamental por las personas titulares del derecho de sufragio activo. Se garantiza que el sufragio es universal, libre, igual, directo y secreto (art. 68.1 y art. 69.2). Para garantizar esto se produce la presencia de la administración electoral a través de la mesa electoral y también la presencia de los interventores y de los apoderados de las candidaturas de los distintos partidos políticos.

La mesa electoral garantiza que la persona está inscrita en el censo y tenga derecho de sufragio activo y que éstas no voten dos veces.

Dos tipos de voto: Voto presencial y el voto por correo.
El voto presencia es el voto personal que cada elector introduce en la urna mientras que el voto por correo permite el derecho de sufragio a las personas que no pueden personarse ese día de manera presencial ante la mesa electoral.

La LOREG pone ejemplos referidos a las personas embarcadas o miembros de fuerzas armadas y a fuerzas de seguridad del estado. Estas personas tienen que solicitar de manera expresa el voto por correo en el plazo correspondiente. Aparte el voto por correo también lo ejercen los ciudadanos inscritos en el censo de residentes ausentes que viven en el extranjero. Estas personas a diferencia de las anteriores reciben de oficio por parte de la administración las papeletas y los sobres para ejercer el voto por correspondencia. En virtud del artículo 68.5 el Estado se encuentra obligado a facilitar el voto a los españoles que se encuentran fuera de España. Además estas personas, estos ciudadanos ausentes, tienen la opción de votar de manera presencial en los consulados. En ambos tipos de votos el voto tiene que ser universal, libre, igual, directo y secreto. En el voto presencial se garantiza que el voto sea libre y directo a través de la identificación presencial ante la mesa electoral. Se garantiza el carácter secreto del voto con la presencia de las cabinas electorales y el respeto al principio de igualdad con la presencia de todas las papeletas. En el voto por correo o correspondencia la identificación del elector, la garantía de que el voto es libre lo garantiza la empresa pública Correos que es responsable el servicio postal universal. El carácter secreto del voto por correspondencia se garantiza separando la identificación del elector con el sobre que contiene la papeleta del sufragio.


- Problemas que plantea el voto electrónico


Este puede ser de dos modalidades, la primera sería una identificación presencial ante la mesa electoral y un voto electrónico en la mesa electoral. Otra modalidad es el voto electrónico en el domicilio, que tiene más dificultades en relación a la libertad y con que el voto sea directo. Además en el voto electrónico a domicilio existen problemas para garantizar el carácter secreto del voto. Mientras que muchas relaciones con la administración la información personal es confidencial para terceros y no para la administración (ejemplo: las comunicaciones de declaración del impuesto de personas físicas por vía electrónica). En el voto electrónico la administración solo puede identificar al titular pero no puede conocer el contenido del sufragio lo que puede afectar a su carácter secreto. Aparte en general las dos modalidades de voto electrónico a domicilio o en la mesa electoral pueden plantear problemas de confianza de los ciudadanos en los resultados electorales además de las dificultades relacionadas con la seguridad y con la disponibilidad de la información. Esto hace que en general los medios electrónicos se utilicen únicamente para la configuración del censo electoral y para el proceso de recuento. Las dificultades que plantea el voto electrónico no deben obstaculizar la participación social por medios electrónicos en las decisiones relativas a la gestión de los servicios públicos o en los sistemas electrónicos de sugerencias y de reclamaciones.


- El escrutinio en la mesa electoral


Se hace en un acto muy garantista porque se hace en acto o sesión pública que se produce de manera inmediata a la votación. Es un acto muy protocolario porque el presidente extrae uno a uno los sobres y va a leer en altavoz la candidatura o el candidato votado. Esto es revisado por los miembros de la mesa electoral y por los interventores y apoderados de los partidos. En los supuestos dudosos la mesa resuelve el sentido del sufragio. Las papeletas que se consideran nulas se van a juntar después con el acta de la sesión de la mesa electoral y se envía a la junta electoral correspondiente. Terminado el escrutinio levanta un acta, este acta se envía a la junta electoral y al ministerio del interior que va a ofrecer los resultados provisionales. Esto es distinto a las encuestas a la salida de los colegios que permiten a los medios de comunicación dar información a las 21 horas. También esto es indiferente a las llamadas israelitas que son las información que se obtiene de los 100 primeros votos escrutados de algunas mesas electorales. Después del escrutinio en cada mesa electoral se produce un escrutinio general en la junta electoral de cada circunscripción. Es otra sesión pública donde se recopila y suma de manera oficial las actas de cada una de las mesas electorales. En este escrutinio general las juntas provinciales no pueden anular actas de una mesa electoral, únicamente pueden corregir errores matemáticos o de hecho de las actas. En el caso de que halla en la misma mesa acta doble y discrepante o en el caso de que halla más número de sufragio que número de censados las juntas no contabilizan esas actas. Frente a los actos de escrutinio general de las juntas electorales los representantes de las candidaturas pueden presentar reclamaciones y recursos de alzada ante la junta electoral central. Dentro de unos plazos muy breves y donde se va a analizar únicamente el contenido de las actas de las mesas sin ningún tipo de actividad probatoria. Finalizado los recursos administrativos, finalizada la vía administrativa la junta electoral provincial procede a la proclamación de los electos y a expedir las credenciales correspondientes.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor Antonio Troncoso Reigada