El principio de igualdad ante la ley o igualdad jurídica, que nos protege de discriminaciones (que no desigualdades) por razón de diversas circunstancias personales o sociales, puede ser infringido a la hora de dictar ley.
El Tribunal Constitucional lleva a cabo, o elabora, lo que se ha denominado como "test de constitucionalidad". Mediante el mismo, el Tribunal determina si efectivamente se produce o no una situación de inconstitucionalidad, resumiéndose su doctrina al respecto en la STC 76/1990.
