En los últimos tiempos se viene debatiendo sobre la posibilidad de que algunas comunidades autónomas españolas den pasos hacia consultas populares o referéndum para ir en dirección hacia su independencia. Este es el caso de Cataluña, a las que se podrían sumar otras Comunidades Autónomas.
En este artículo trataremos el llamado Derecho a decidir en todas sus vertientes, y veremos cual es su exigibilidad jurídica.
- Derecho de libre determinación de los pueblos
En primer lugar, cabe decir que el derecho de libre determinación de los pueblos, es el derecho de un determinado pueblo a decidir su propio gobierno y desarrollo, tanto económico, como social. Este derecho se recoge en la Carta de las Naciones Unidas así como en numerosas resoluciones de la Asamblea de la ONU. Pero además de estas manifestaciones positivas del Derecho de libre determinación, muchos autores no dudan en decir que estamos ante un derecho imperativo, o ius cogens.
- ¿Existe el "Derecho a decidir"?
Pero, concretamente, en el marco español, hemos de comenzar diciendo que no existe un “Derecho a decidir” tal y como se lo reclama en nuestro ordenamiento jurídico actual. Por ello, el desafío es cómo afrontar una posible y siempre hipotética voluntad mayoritaria de la ciudadanía de una comunidad autónoma en relación con pedir su independencia al Estado si no le dan los instrumentos para poder manifestar la voluntad de “permanecer” o “irse” del estado.
- Posibles vías de solución del conflicto
Por ello pensamos, ahora bien. ¿Cómo plasmar jurídicamente la hipotética voluntad de independencia de una comunidad autónoma?
+ La vía del referéndum constitucional
La vía más adecuada para una consulta en la mayoría de los casos sería la de referéndum del artículo 92 de la Constitución, lo cual llevaría a una votación por parte de los ciudadanos catalanes cuyo resultado sería a todas luces vinculante. Sin embargo, esta posibilidad parece remota actualmente debido a la escasa voluntad política estatal de seguir esta vía.
+ La vía de la consulta popular
La otra opción que se está manejando de forma recurrente, y es la de una consulta popular amparada en legislación autonómica, ante la cual muchos autores no han dudado en advertir que en el caso de que se realizara podría constituir un fraude de ley. Además de no tener ningún tipo de efecto vinculante (al menos jurídicamente, ya que el impacto político sería indudable).
Superados estos escollos, en el supuesto caso de que se optara por cambiar la organización territorial, habría que modificar la Constitución, lo cual conllevaría una reforma constitucional (con las complicaciones que ello comporta). Más allá de todo esto, las posibilidades en los próximos meses son ciertamente variadas, y a buen seguro, se escribirán auténticos ríos de tinta en relación a este tema.
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Artículo redactado por Fernando López Corsi, licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante.
