viernes, 24 de abril de 2015

La democracia militante

Nuestro Tribunal Constitucional ha proclamado en varias ocasiones que nuestra democracia no es una democracia militante, como la alemana. En efecto, la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, de 1949, en su artículo 21.2, prohíbe expresamente los partidos antidemocráticos, pensando fundamentalmente en los nazis. El fundamento de esta radical democracia militante de su Constitución es bien simple: la derrota del III Reich en junio de 1945.

Democracia militante y elecciones

- Tribunal Constitucional, sobre los fines explícitamente prohibidos a los partidos políticos en España


En España no es así. Nuestra Constitución no contiene un mandato militante de tal envergadura en modo alguno, como la alemana. El Tribunal Constitucional recuerda que según la Ley de Partidos Políticos, los únicos fines explícitamente prohibidos a los partidos políticos son los que incurren en el Código Penal. Por lo tanto, podríamos establecer lo siguiente:

+ Nuestra democracia admite todo tipo de ideologías, permaneciendo los poderes públicos abiertos y neutrales


La primera -democracia abierta y neutral/procedimental- es una democracia que admite todo tipo de ideologías, por muy radicales que sean, y en la que los poderes públicos han de permanecer abiertos y neutrales en el debate entre los ciudadanos y los grupos en que ellos se integren, según la definiese en enero de 2007 el magistrado Manuel Jiménez de Parga en una tercera publicada en el diario ABC. Ejemplos de este modelo serían EE.UU o España. En ellas, la Constitución no pone límite alguno a su reforma, pudiendo hipotéticamente llegarse a la supresión del sistema democrático. Irónicamente, estas democracias tienden a estar mejor preparadas para hacer frente a las amenazas de los movimientos antidemocráticos, puesto que tienden a encauzar las demandas políticas de estos grupos hacia la participación electoral, desincentivando la actividad violenta y creando una externalidad positiva al obligar a estos grupos a acostumbrarse a la dinámica electoral (p.ej. tendencia a la moderación).

miércoles, 22 de abril de 2015

Principio de igualdad: análisis del ordenamiento jurídico, posiciones doctrinales, escrutinio de la jurisprudencia constitucional y su acogida en el ámbito europeo

El principio de igualdad jurídica o igualdad ante la Ley se reconoce en el artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Este principio vincula a todos los poderes públicos [Administración, Poder Judicial y Poder Legislativo (artículos 9.1 y 52.1 CE)].

Tribunal Constitucional y principio de igualdad

- La igualdad ante la Ley, exigencia común en las Constituciones Europeas que proclaman derechos fundamentales


La igualdad ante la Ley constituye el presupuesto fundamental del ordenamiento jurídico en los Estados democráticos de Derecho; es, por tanto, una exigencia común en las Constituciones Europeas que proclaman derechos fundamentales.

sábado, 18 de abril de 2015

Características de la Constitución de 1978

Vamos a ver en esta entrada ocho características o rasgos característicos de nuestra Constitución de 1978.

Constitucion de 1978 y Derecho Constitucional

- Una Constitución fruto del consenso político


Uno de los rasgos más característicos de nuestro texto constitucional, sino el más destacado, es el hecho de que en su elaboración se hizo patente un consenso entre las diferentes formaciones políticas.

martes, 14 de abril de 2015

Represalia a los trabajadores por ejercicio de sus derechos: derecho a una tutela judicial efectiva

Pongámonos en la tesitura de tener que asesorar a una redactora de una revista que reclamó el reconocimiento de laboralidad de su relación, siendo denegado dicha pretensión, habiéndole anticipado -dos días antes de dicha denegación- el director de la revista la improcedencia de dicha pretensión -por escrito-, basándose en que transgredía el principio de buena fe que rige las relaciones profesionales. En dicho escrito, se le comunicaba que se suspendía la colaboración con ella, indicándole que a partir de ahora debía abstenerse de enviar originales a la redacción de la revista así como comparecer en los locales de la entidad.

Derecho a la tutela judicial efectiva y Derecho Constitucional

- Derecho fundamental vulnerado, en este caso: derecho a una tutela judicial efectiva


+ Derecho a una tutela judicial efectiva: artículo 24.1 de la Constitución


Podemos decir que el derecho fundamental afectado en este caso es el derecho a una tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de nuestra Constitución. En dicho art. 24.1 CE se establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Por lo tanto, se reconoce en este precepto constitucional el derecho de los ciudadanos, también de los trabajadores, obviamente, de acudir a los órganos jurisdiccionales y a obtener una decisión fundada en Derecho.

lunes, 13 de abril de 2015

Videocámaras en el centro de trabajo (derecho a la intimidad)

El derecho fundamental que se ve afectado por la existencia de cámaras de vídeo en el centro de trabajo, es el derecho a la intimidad -consagrado en nuestra Constitución en su artículo 18-, materializado en la protección de los datos obtenidos por las videocámaras instaladas y su aplicación en el ámbito laboral para el uso de la potestad sancionadora del empresario.

Videocamaras y derecho a la intimidad

- Sentencia del Tribunal Constitucional 186/2000, de 10 de Julio


+ El derecho a la intimidad no es absoluto


Para poder determinar el alcance del Derecho a la intimidad y la posible constitucionalidad de esta medida, nos gustaría hacer mención a la Sentencia del Tribunal Constitucional 186/2000 de 10 de Julio. En esta sentencia, se establece que el derecho a la intimidad personal se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana. Si bien, el derecho a la intimidad no es absoluto, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto.